EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

 

Durante las visitas papales a Colombia, el Congreso ha expedido leyes que conceden rebajas de penas. Tal es el caso de la ley 40 de 1968[1] “por la cual se concede una rebaja de penas con motivo del Congreso Eucarístico” expedida con motivo de la visita del Papa Pablo VI en la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, y la Ley 48 de 1987[2]por la cual se concede una rebaja de pena” expedida con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II en este mismo año,  durante la presidencia de Belisario Betancourt.

 

Estas leyes han sido llamadas de “Jubileo”, pues este termino hace referencia – Según el diccionario de la RAE- a las “diligencias necesarias para conseguir las indulgencias correspondientes”. Así mismo, como lo explica la Corte Constitucional en la Sentencia 1404 de 2000,  el Jubileo consiste en  una tradición hebraica, donde después de siete veces siete años se celebraba el año del Perdón, de la Reconciliación y el regreso a una condición originaria.

 

El Papa Juan Pablo II, expreso que el  Jubileo en la parte social “es un año de gracia, íntimamente unido a los temas de la justicia, de la dignidad de cada persona, de la liberación de la esclavitud”

 

Teniendo en cuenta la anunciada visita del Papa Francisco a Colombia queremos poner a consideración del Congreso de la República un Proyecto de Ley de Jubileo que rebaje hasta en un 20% las penas de quienes hayan sido condenados por delitos de menor gravedad. Lo anterior con fundamento en (i) La libertad de configuración del legislador y (ii) El panorama de los establecimientos penitenciarios en Colombia y un  (iii) Análisis de los principales delitos cometidos en el país.

 

(i)                 La libertad de configuración del legislador

 

La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia[3] que la potestad de configuración del legislador para diseñar la política criminal del Estado está limitada por la Constitución, en dos aspectos principales. En primer lugar por los derechos de las víctimas a que exista un recurso judicial efectivo, a acceder a la justicia, a la reparación, a la restauración de sus derechos y la garantía de no repetición. Por otro lado, el deber del Estado de prevenir, investigar, juzgar y sancionar la grave criminalidad, de acuerdo con los compromisos internacionales sobre derechos humanos.

 

En la Sentencia C-387 de 2014 la Corte especificó los límites de la competencia asignada al Congreso de la República para definir la política criminal del Estado, en virtud de la Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos que “constituyen un límite inalterable al ejercicio del poder público, al consagrar valores superiores, principios constitucionales y derechos fundamentales”,  y estableció que el legislador debe atender 6 principios entre los cuales se resaltan: intervención penal, razonabilidad y proporcionalidad, deber de garantizar los derechos constitucionales y la aplicación de los convenios internacionales de derechos humanos.

 

El presente proyecto de ley se enmarca dentro de dichos principios, toda vez que el sistema penitenciario colombiano enfrenta graves problemas de hacinamiento y salubridad que han llevado al Estado colombiano a vulnerar Derechos Humanos y como se procede a explicar a continuación, la mayoría de condenados, lo están por delitos de menor gravedad.

 

Sobre todo, dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad debe resaltarse que el Gobierno de manera ilegitima, está implementando unos acuerdos con la Guerrilla Criminal de las FARC, en los cuales se otorga total impunidad y cero cárcel a  delitos de mayor gravedad como narcotráfico, secuestro, reclutamiento de menores, violaciones a mujeres entre otros. En este sentido, resulta proporcional y razonable que condenados por delitos de menor gravedad puedan tener una rebaja en su pena.

 

(ii) Panorama de los establecimientos penitenciarios en Colombia.

 

De acuerdo con el Informe del Ministerio de Justicia en enero de 2017, en el país hay 118,925 internos en establecimientos de reclusión, y un índice de hacinamiento de 51,7% que se ha triplicado en los últimos 10 años, si se tiene en cuenta que este era de 15,1% en 2007.

 

Índice de hacinamiento en Colombia:

 

2002

16,5%

2003

18,6%

2004

31,1%

2005

38,0%

2006

33,6%

2007

15,1%

2008

22,3%

2009

29,4%

2010

39,4%

2011

26,5%

2012

35,3%

2013

51,7%

2014

58,6%

2015

49,9%

2016

54,9%

2017

51,70%

Elaboración propia con datos de Ministerio de Justica

 

Consolidado población de internos en establecimientos de reclusión

 

2002

49,4

2003

54,2

2004

62,7

2005

68,6

2006

66,5

2007

60,3

2008

64,2

2009

70,9

2010

76,7

2011

86

2012

102,2

2013

114,8

2014

120,6

2015

116,7

2016

120,7

2017

118,925

Elaboración propia con datos de Ministerio de Justica. Disponibles en

 

Adicionalmente, en el informe remitido por la Contraloría General de la República a la Corte Constitucional en Enero de 2017, el cual se elaboró cumpliendo la orden  de  las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015,  se deja en evidencia el grave panorama que afrontan los presos del país [4]:

 

– Precario  servicio de atención en Salud: De acuerdo con el informe de la Contraloría, de manera generalizada hay deficiencias en la provisión de medicamentos para dispensación y no hay suficiente oferta de de personal médico proporcional a la población destinataria. Así mismo, se reporta ausencia de equipos e insumos para atención de urgencias vitales en área de sanidad.

 

Deficiencia en servicios de alimentación: La Contraloría afirma que sólo las cárceles con menos  de 10 años de construcción cuentan con áreas de comedor. En el resto establecimiento penitenciarios, se consumen los alimentos en el piso.

 

–  Ausencia de espacios que no permiten cumplir con la Resocialización o adecuada  Redención de la Pena: El informe de la Contraloría señala que si bien las nuevas construcciones carcelarias contemplan espacios para la realización de actividades industriales, el exceso de población hace que esto sea imposible, ya que  supera la capacidad instalada y planeada para cada establecimiento. Con esto, se limita la posibilidad de incrementar plazas de trabajo que permitan promover programas efectivos de resocialización.

 

No hay separación efectiva entre Sindicados y  Condenados: Aunque es un derecho que las personas detenidas preventivamente y aun esperan decisión judicial definitiva, sean separadas de aquellas sobre quienes existen fallos condenatorios; la Contraloría encontró que solo en el 10% de los establecimientos visitados, la infraestructura permite hacer este tipo de separación, con las consecuencias que en materia de demandas puede acarrear tal situación.

 

Si se cruzan estos devastadores datos, con los motivos por los principales delitos causas de condena, se encuentra que la mayoría de los casos son delitos de menor gravedad.

 

DELITOS

2014

HURTO ART. 239 CP 145.840
LESIONES ART. 111 CP 81.932
HURTO CALIFICADO ART. 240 CP 80.944
TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUP. 74.770
INASISTENCIA ALIMENTARIA ART. 233 CP 64.235
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ART. 229 CP 58.382
LESIONES CULPOSAS ART. 120 CP 43.905
AMENAZAS ART. 347 CP 40.060
HOMICIDIO ART. 103 CP 27.729
ESTAFA ART. 246 CP 22.003
DAÑO EN BIEN AJENO ART. 265 CP 20.004
FABRICACION TRAFICO Y PORTE DE 16.024
FALCEDAD PERSONAL ART. 296 CP 15.395
ABUSO DE CONFIANSA ART. 249 CP 12.390
CALUMNIA ART. 221 CP 10.180
LESIONES PERSONALES CON INCAPACIDAD 9.020
OTROS DELITOS 144.443
TOTAL TIPIFICADO (Promedio 98,1%) 867.296
TOTAL GENERAL 878.283

 

Por lo anterior,  y como se anunció en la Plenaria de Cámara de Representantes el pasado mes de noviembre de 2016, por el Representante Edward Rodríguez, presentamos el presente proyecto de ley que busca reducir la pena, por una sola vez, a condenados con excepción de aquellos que lo están por delitos de lesa humanidad, narcotráfico, corrupción, violaciones y agresiones de niños y mujeres.

 

 

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA

 

 

 

Honorio Miguel Henríquez Pinedo

 

 

 

Edward D. Rodriguez Rodriguez

Proyecto de Ley ____ de 2017 – Senado

“Por la cual se concede una rebaja de penas”

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:

 

Artículo 1º. Objeto. Conceder una rebaja de la quinta parte de la pena impuesta a los condenados por delitos cometidos antes de la promulgación de la presente Ley.

 

Artículo 2º.  Rebaja de pena. Concédase una rebaja de la quinta parte de la pena, por una sola vez, a los condenados por delitos cometidos antes de la promulgación de la presente Ley. Esta rebaja se hará sin perjuicio de los otros beneficios previstos en el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Penitenciario y Carcelario y demás normas complementarias vigentes.

 

La rebaja de la pena se concederá cuando el condenado haya pagado el 50% de la pena privativa de la libertad,  libertad provisional,  detención domiciliaria, condena de ejecución condicional o libertad condición impuesta por sentencia judicial debidamente ejecutoriada.

 

Artículo 3º. Exclusión del beneficio de rebaja de pena. El beneficio concedido en esta ley no se otorgará a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, contra la administración pública, contra los menores de edad, de feminicidio y de narcotráfico.

 

Artículo 4º.  Procedimiento. La rebaja de la pena se concederá a solicitud de la parte interesada ente el funcionario judicial competente.

 

Contra la decisión que profiera el funcionario judicial competente,  sobre la rebaja de la pena motivo de la presente ley, procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario y el recurso de apelación que conocerá el superior jerarquico.

 

Artículo 5. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas aquellas que le sean contrarias.

 

 

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA

 

 

Honorio Miguel Henríquez Pinedo

 

 

Edward D. Rodriguez Rodriguez



[1] Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Leyes

/1595630?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0

[2] Disponible en:  http://www.suin juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Leyes/

1602750?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0

[3] Sentencia C-592/98, Sentencia C-590 de 2005, Sentencia T-718-15, Sentencia C-038 de 1995, Sentencia C-387 de 2014

[4] Informe disponible en: http://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/-/asset_publisher/Jl4Sa8JTmjbW/content/contraloria-remite-a-la-corte-constitucional-preocupante-informe-sobre-situacion-de-29-carceles-que-visito-en-2016?inheritRedirect=false