PROYECTO DE LEY 034 DE 2018 SENADO

“Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y se dictan otras disposiciones”

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 INTRODUCCIÓN:

En el año 2006 el Gobierno Nacional promulgó el Código de Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006,  con el fin de garantizar un desarrollo pleno e integral a los niños, niñas y adolescentes, para que puedan crecer en un ambiente familiar adecuado y armonioso y para que se reconozcan sus derechos a la igualdad y a la dignidad humana.

Dentro de este Código, se creó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) como un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen lo relacionado con la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas que tienen entre 14 y 18 años de edad en el momento en que cometen el hecho punible. Así pues, este sistema se encarga de dar un tratamiento especial y diferenciado a los delitos cometidos por menores.

No obstante, actualmente el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no está siendo eficaz para prevenir la criminalidad juvenil y la reincidencia.  En este sentido, de acuerdo con la cifras proporcionadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional la criminalidad juvenil es bastantes alta y existe una tendencia a que la mayor comisión de crímenes son de menores entre 16 y 17 años de edad.

Si bien enfrentar la delincuencia juvenil requiere un acompañamiento integral por parte de la rama ejecutiva, también resulta necesaria una respuesta de la rama legislativa que esté encaminada a disminuir las principales deficiencias existentes en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), pues estas se han convertido en incentivos perversos para la criminalidad y el uso de jóvenes por parte de grandes redes delincuenciales.

Por estos motivos, el presente proyecto de ley tiene por objeto fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) mediante:

 

  • La disminución de la edad mínima de responsabilidad penal de los 14 a los 12 años.
  • La creación de antecedentes penales para los menores de edad mayores de 16 años y del deber de las autoridades judiciales de hacer uso en todos los casos de los registros para definir las sanciones aplicables.
  • El fortalecimiento de las sanciones para jóvenes que tienen entre 16 y 18 años de edad.

Estas medidas encuentran justificación luego de: (I) revisar las cifras en relación con el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, (II) evidenciar ciertas deficiencias que se han presentado en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, (III) demostrar la conveniencia de las propuestas y (IV) presentar una exposición de la legislación vigente sobre la materia.

JUSTIFICACIÓN

(I) Las cifras del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente demuestran que los jóvenes que más delinquen en Colombia están entre los 16 y 17 años de edad

Existe una tendencia histórica que se ha mantenido desde el año 2010 hasta la actualidad que consiste en que los grupos etarios que más han ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente están entre los 16 y 18 años de edad.

Por un lado, las cifras expuestas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)[1] revelan que desde la implementación del Sistema Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) en Colombia en el 2007, hasta junio del año 2017 se han registrado un total de 234,689 ingresos. De estos ingresos, la mayoría corresponden a jóvenes de 16 y 17 años de edad:

Edad Ingresos
14 años 23.881
15 años 46.958
16 años 71.787
17 años 86.133

Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el ICBF (2018)

Ahora bien, en el periodo que va del año 2010 a junio de 2017 cada año se han registrado los siguientes números de ingresos por edad:

Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el Observatorio del Bienestar de la Niñez, ICBF(2017)[2]

De esta forma, en el primer semestre de 2017 (enero a junio) el porcentaje de ingresos por edad estuvo distribuido así:

Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el Observatorio del Bienestar de la Niñez, ICBF, 2017[3]

Asimismo, desde la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, los delitos que se registraron con mayor frecuencia fueron el de hurto (36.7%), seguido del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (27.1%), lesiones personales (8.6%), violencia intrafamiliar (3.8%), daño en bien ajeno (2.7%) y homicidio (2.1%).[4]

Fuente: Elaboración propia con base en los datos suministrados por el ICBF (2018)

Por otro lado, en respuesta Nº 26231 a un derecho de petición presentado a la Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional, esta elaboró un informa que permite evidenciar que se ha dado una disminución en las aprehensiones a menores de edad registradas a nivel nacional en los años que van del 2015 al 2017, sin embargo las cifras aún siguen siendo alarmantes.

En el año 2015 fueron aprehendidos 24,199 menores de edad a nivel nacional, en 2016 la cifra fue de 20,351 y en 2017 de 18,257. Los datos suministrados también muestran que los delitos por los que más se realizaron las aprehensiones durante estos tres años fueron los siguientes:

  • Hurto a personas
  • Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes
  • Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones.
  • Lesiones Personales
  • Violencia Intrafamiliar

Las cifras de aprehensiones a menores de edad por ciudades, edad y año también evidencian una mayor tendencia en la comisión de delitos por parte de los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años de edad. Por ejemplo, si se miran en las ciudades de Bogotá y Medellín las cifras de capturas por el delito de hurto a personas, que como se dijo anteriormente es el más recurrente, las estadísticas muestran lo siguiente:

Aprehensiones a menores de edad por hurto a personas en Bogotá

Edad 2015 2016 2017
14 197 139 147
15 507 351 256
16 673 587 455
17 864 704 558

 

Aprehensiones a menores de edad por hurto a personas en Medellín

Edad 2015 2016 2017
14 31 24 21
15 70 50 37
16 93 96 70
17 112 92 73

Fuente: Elaboración propia con base en la respuesta Nº 26231 a derecho de petición presentado por mi oficina a la Dirección de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional

Esta misma tendencia se evidencia en otras grandes ciudades de Colombia como, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Cartagena.

Así pues, tomando en consideración que hay un gran número de delitos cometidos por menores de edad y que las estadísticas ponen de presente que quienes más incurren en estas conductas son los jóvenes de 16 y 17 años, resulta posible establecer la conveniencia de fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) en relación con este grupo etario. Esto en aras de incentivar el respeto a la ley y a las autoridades por parte de los jóvenes y así evitar que sigan cayendo en conductas delictivas.

 (II) El SPRA no genera antecedentes judiciales, lo que se convierte en un incentivo para la reincidencia

Dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) las sentencias no generan antecedentes judiciales que permitan conocer si el menor ha seguido reincidiendo en el delito. Esto en virtud del artículo 159 del Código de Infancia y Adolescencia que dispone que las sentencias proferidas no constituirán antecedente judicial. Además, les da el carácter de reservados a estos registros, haciendo facultativa y no obligatoria su consulta por parte la autoridad judicial a la hora de definir las sanciones aplicables, cuando trate de establecer la naturaleza y la gravedad de los hechos y la proporcionalidad de la medida. Así pues, esta disposición normativa hace muy laxo el sistema y se convierte en un incentivo para la reincidencia.

Por este motivo, se propondrá una modificación al mencionado artículo 159 de la Ley 1098 de 2006 en el sentido de mantener la prohibición de generación de antecedentes judiciales sólo para los menores que tengan entre 12 y 16 años de edad, sin embargo se establecerá el deber de la autoridad judicial de consultar en todos los casos los registros a la hora de definir las medidas aplicables.

Como consecuencia de lo anterior, cuando los menores que tengan de 16 a 18 años cometan un delito las sentencias constituirán antecedente judicial.

(III) Evolución del Tratamiento Penal diferenciado a menores de edad y conveniencia de las propuestas.

Durante mucho tiempo en diferentes países del mundo los niños y jóvenes solían ser sometidos a un tratamiento penal indiferenciado, sin ningún tipo de regulación o procedimiento especializado con respecto a los adultos. De esta forma, no se establecía ninguna diferencia cuando el delito era cometido por un menor de edad y cuando lo era por una persona adulta, pues todos los grupos etarios eran recluidos dentro de los mismos ambientes. La única excepción existente se daba cuando la conducta provenía de los niños menores de 7 años, cuyos actos no desembocaban en responsabilidad penal alguna.[5]

Posteriormente, en el año 1889 en Chicago, Estados Unidos, el movimiento Los salvadores del niño impulsó la creación de un tribunal exclusivo para los menores de edad, siendo este el primer intento de brindarles un tratamiento diferenciado. Así pues, nació la idea de establecer la justicia penal especializada que se empezó a extender hacia Europa y Latinoamérica.[6]

Colombia fue inmune a estas tendencias, pues el 1 de marzo de 1990 comenzó a regir el Código del Menor (Decreto 2737 de 1989). Este tenía una finalidad eminentemente pedagógica, de protección y rehabilitación frente a la reacción penal del menor.  En él subyacía una ideología que entendía al niño y al adolescente como un sujeto inmaduro e incapaz, excluyendo del discurso las exigencias derivadas del Estado de Derecho que se encontraban vigentes en la intervención penal de adultos.[7] Años más tarde, se expidió la Ley 1098 de 2006, mejor conocida como Código de Infancia y Adolescencia,  que trajo cambios de gran importancia en el sistema de responsabilidad penal juvenil.

Resulta importante mencionar que hay dos grandes razones por las que existe un régimen penal especial para los menores de edad, cuyo carácter, como se vio atrás, tiende a tener un componente educativo. Por un lado, está la idea de que por debajo de cierta edad un niño o adolescente es más “enderezable” que un adulto, por lo que existe un consenso al creer que vale la pena apostarle a su reeducación. Por otro lado, es un hecho que por debajo de ciertas edades, aunque se tiene capacidad de culpabilidad –pues los menores son capaces de diferenciar los contenidos vivenciales para actuar conforme a la realidad–, resulta más difícil controlar los impulsos, sobre todo si el niño o adolescente es sorprendido por experiencias con las que no se había confrontado hasta el momento.[8]

Ahora bien, para el contenido del presente proyecto de ley, resulta relevante traer a colación a Jean Piaget (1991)[9], reconocido psicólogo y biólogo estudioso de la infancia, que ha ubicado el inicio de la etapa de la adolescencia a partir de los 12 años. Este autor sitúa en los 12 años el momento en que se produce una transformación decisiva: el paso del pensamiento concreto al pensamiento formal o hipotético-deductivo. Así pues, comparado con un niño, un adolescente es un individuo capaz de construir sistemas y teorías. Además aparece la capacidad que permite comprender que la ley no sólo cumple una función represora en la sociedad, sino que tiene otras tales como, organizar la convivencia social, proteger a los integrantes de la comunidad y prohibir ciertos comportamientos.[10]

Más adelante, entre los 14 y los 16 años se produce un cambio importante en el pensamiento formal, de tal forma que el adolescente empieza a pensar de una manera más abstracta y más libre y también se vuelve más previsor de las consecuencias que traen sus acciones.  Finalmente, entre los 16 y los 18 años la capacidad cognitiva del adolescente alcanza un alto nivel de pensamiento abstracto, reflexivo y libre que conlleva un aumento de la capacidad de comprensión social. Así pues, se termina de desarrollar la capacidad para comprender las distintas funciones que tienen las instituciones en la sociedad y la de aplicar los principios que la rigen.[11]

Tomando lo anterior en consideración, resulta acertada la iniciativa de ubicar el inicio de la responsabilidad penal en los 12 años y al mismo tiempo prever un fortalecimiento en la respuesta estatal frente a las conductas punibles cometidas por jóvenes entre los 16 y 18 años de edad.

De esta forma, muchos Estados en el mundo han establecido dentro sus ordenamientos jurídicos una edad a partir de la cual los menores de edad pueden ser responsables penalmente y otra en la que la competencia en el caso de la comisión de delitos ya no es del sistema de justicia penal juvenil, sino del sistema de justicia penal ordinaria. En Colombia este rango de edades se encuentra establecido entre los 14 y los 18 años de edad.

En diferentes países de Latinoamérica, aunque la edad a partir de la cual hay responsabilidad penal ordinaria suelen ser los 18 años, la edad mínima de responsabilidad penal varía en un rango que va desde los 7 hasta los 16 años. Así pues, países como Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Panamá tienen una edad mínima de responsabilidad penal de 12 años como se puede ver a continuación:

Edad mínima y máxima de responsabilidad penal en algunos países de Latinoamérica

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de Unicef, 2018. [12]

También en el continente Europeo varios Estados han llegado a establecer una edad mínima de responsabilidad penal que es menor a los 14 años, como se muestra en la siguiente tabla:

 Países de Europa con edad mínima de responsabilidad penal menor a los 14 años[13] 

País Edad mínima

 

 

Inglaterra y Gales

 

10 años [Children and Young Persons Act 1933, Section 50]

 

 

Irlanda

 

12 años. Los niños de 10 u 11 años pueden ser penalmente responsables en los casos de homicidio y violación [Children Act 2001, Section 52(1) and (2)]

 

 

Irlanda del norte

 

10 años [Criminal Justice (Children) (Northern Ireland) Order 1998, Article 3]

 

 

Escocia

 

A partir de los 8 años hay responsabilidad penal, pero ninguna persona menor de 12 años puede ser procesada. Los delitos cometidos entre los 8 y los 12 años pueden incluirse en los antecedentes penales de un niño, aunque es posible que no se inicie un juicio.  [Ley de Procedimiento Penal (Escocia), Secciones 41 y 41A (1) – (2)]

 

 

 

Hungria

 

14 años y 12 cuando se trata de los delitos de homicidio, agresión y robo, siempre que tenga la capacidad de comprender la naturaleza y las consecuencias de su acto. [Criminal Code, Section 16]

 

 

Mónaco

 

13 años. [CRC/C/28/Add.15, 17 July 2000, para. 37]

 

Belgica  

12 años [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifé infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, as per Cipriani, p. 191]

 

 

Andorra

 

12 años [Qualified Law on Juvenile Justice 1999, Article 3]

 

 

Holanda

 

12 años [Code of Criminal Procedure, Section 486]

 

 

San Marino

 

12 años [Criminal Code, Article 10]

 

 

Suiza

 

10 años [Loi fédérale régissant la condition pénaledes mineurs, 2003, Article 3(1)]

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por Child Rights International Network, 2018.

A partir los datos presentados que muestran la experiencia en otros lugares del mundo, se hace evidente la conveniencia de disminuir la edad mínima de responsabilidad penal en Colombia de los 14 a los 12 años. Además, conforme a lo expuesto, es posible sostener que a partir de los 12 años un menor es capaz de comprender la realidad, sus actuaciones y actuar conforme a ese entendimiento. Esto no significa que se esté desconociendo el grado de inmadurez que es propio de un adolescente que tiene 12 o 13 años, ni tampoco la posibilidad que tiene de reeducarse, pues por ello se somete a un sistema de responsabilidad penal juvenil y no a uno para adultos. De esta forma, vale la pena recordar que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) hace énfasis en sanciones con fines educativos y de resocialización, antes que en sanciones que sólo infrinjan castigo o sufrimientos.

(V) Marco jurídico

A continuación se hará referencia a las disposiciones normativas de orden nacional e internacional que resultan relevantes al evaluar la responsabilidad penal juvenil.

  1. A) Instrumentos internacionales relevantes 

Existen varios instrumentos internacionales que se refieren a las responsabilidad penal de los menores. En primer lugar es importante mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por Colombia a través de la Ley 21 de 1991. Este instrumento dispone en su artículo 37, entre otras cosas, que la privación de la libertad de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como una medida 
de último recurso y durante el período más breve posible. Asimismo, que todo niño que sea privado de la libertad debe ser tratado con 
humanidad y respeto, de manera que
se tengan en cuenta las necesidades propias de las
personas de su edad.

En segundo lugar, están las Reglas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia – Reglas de Beijing (1990) que establecen las condiciones mínimas para el tratamiento de los jóvenes que entran en conflicto con la ley. Allí se señala el comienzo de la edad de responsabilidad penal no deberá fijarse a una edad demasiado temprana, habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual.  En tercer lugar, las Reglas de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil – Reglas de Riad (1990) buscan establecer las normas para prevenir la delincuencia juvenil y las medidas de protección para los menores. En cuarto lugar, las reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de la Libertad – Reglas de La Habana (1990) establecen los parámetros para el cuidado y tratamiento de menores de edad que se encuentran privados de la libertad.  Finalmente, las reglas de Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad – Reglas de Tokio (1990) establecen los principios que se deben seguir en la imposición de medidas no privativas de la libertad. 

  1. Legislación nacional 
  • Constitución Política 

Es importante empezar por mencionar que el artículo 44 de la Constitución Política consagra los derechos fundamentales de los niños y el llamado “interés superior del menor” al disponer que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

  • Código Penal (Ley 599 de 2000)

El artículo 33 del Código Penal Colombiano establece que los menores de 18 años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. 

  • Código de Infancia y Adolescencia 

Con la expedición del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) surgió en Colombia una nueva perspectiva en relación con la comisión de delitos por parte de menores de edad. Así pues, el Estado colombiano procuró estar más afín con instrumentos internacionales vigentes, acercándose a una idea de responsabilidad penal juvenil, pero con una orientación educativa. Anteriormente, la materia se encontraba regida por el Código del Menor (Decreto 2737 de 1989). Uno de los cambios que se presentó con la nueva norma es la concepción del adolescente como imputable, es decir, como sujeto de responsabilidad penal, pues en el Código anterior se consagraba la inimputabilidad del menor de 18 años. De esta manera, nació en Colombia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que se define en la norma como el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen todo lo relacionado con la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas que tienen entre 14 y 18 años de edad en el momento en que cometen el hecho punible. Este Sistema representó un cambio de paradigma de lo que significa la delincuencia juvenil y por tanto, una nueva visión y consideración del tratamiento que deben recibir los adolescentes que cometen delitos (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015).

 Las normas del Código de Infancia y Adolescencia que regulan el SRPA prevén las siguientes sanciones para los adolescentes a quienes se les haya declarado la responsabilidad penal:

 

o   Amonestación

 

Consiste en una recriminación por parte de la autoridad judicial al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. El joven debe asistir en todos los casos a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana. Cuando el juez condena a la reparación de perjuicios el juez exhorta al menor y a sus padres al pago.

 

 

o   Reglas de conducta:

 

 

Consiste en la imposición por parte de la autoridad judicial al adolescente de ciertas obligaciones o prohibiciones encaminadas a regular su modo de vida y  promover y asegurar su formación. Esta sanción no puede exceder los 2 años.

 

 

o   Prestación de servicios a la comunidad:

 

 

Consiste en la realización de tareas de interés general, en forma gratuita, por un período no mayor a los 6 meses, durante una jornada máxima de 8 horas semanales.

 

 

o   Libertad asistida:

 

 

Consiste en una concesión de libertad por parte de la autoridad judicial con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no puede durar más de 2 años.

 

 

o   Internación en medio semicerrado:

 

 

Consiste en la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado, al que debe asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en los fines de semana. Esta sanción no puede ser superior a 3 años.

 

 

o   Privación de libertad en centro de atención especializado:

 

 

Se aplica a los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sean 6 años o más de prisión. La sanción tendrá una duración de 1 hasta 5 años.

 

No obstante, también procede la privación de libertad en el caso en que los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tiene una duración que va desde 2 hasta 8 años, con el cumplimiento total del tiempo de sanción impuesta por el juez, sin beneficios para redimir penas.

 

Si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente cumple los 18 años, continuará cumpliéndola hasta su terminación en el Centro de Atención Especializada.

 

En los centros de atención especializada se presta una atención pedagógica y diferenciada entre los adolescentes menores de 18 años y aquellos que alcanzaron los 18 y están cumpliendo su sanción.

Las sanciones mencionadas anteriormente se cumplen en programas de atención especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y el Defensor de Familia se encarga de controlar su cumplimiento y verificar la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Ahora bien, a la hora de determinar las sanciones a imponer el juez debe utilizar los siguientes criterios para definir de las sanciones a imponer:

  1. La naturaleza y gravedad de los hechos.
  2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción teniendo en cuenta las circunstancias y gravedad de los hechos, así como las circunstancias y necesidades del adolescente y de la sociedad.
  3. La edad del adolescente.
  4. La aceptación de cargos por el adolescente.
  5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.
  6. El incumplimiento de las sanciones.

(Artículo 179 L.1098 de 2006)

Los adolescentes entre 14 y 18 años de edad que incumplan cualquiera de las sanciones terminarán el tiempo de sanción en internamiento. Así, el incumplimiento por parte del joven del compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionará la imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez.

Resulta importante mencionar que los menores de 14 años de edad no se consideran penalmente responsables y por ese motivo están excluido del SRPA. De esta forma, en los eventos en que cometen delitos, reciben un trato diferente que se centra en el restablecimiento de sus derechos. En estos casos sólo se la aplican medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y se vinculan a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

 (VI) Competencia

Si bien el Estado debe garantizar un trato diferenciado y pedagógico para los adolescentes y las medidas punitivas por sí solas no solucionan la problemática de fondo de la delincuencia juvenil, es importante eliminar del ordenamiento jurídico las deficiencias que se convierten en incentivos perversos para que se usen a los menores como instrumentos criminales.

En virtud de los artículos 114 y 150 de la Constitución Política el Congreso es competente para definir la política criminal del Estado. La noción de política criminal ha sido definida por la Corte Constitucional[14] como el conjunto de respuestas que el Estado cree necesario adoptar para hacer frente a las conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social, con el fin de lograr la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes.

De esta forma, el Congreso tiene la competencia para determinar las conductas que constituyen delitos, las sanciones a imponerse y el procedimiento a cumplirse. Así pues, también ha señalado la Corte Constitucional[15] que al Congreso le asiste en materia penal una competencia amplia que tiene respaldo en los principios democrático y de soberanía popular (arts. 1º y 3º Constitución Política). De esta forma, el legislador puede crear, modificar, suprimir figuras delictivas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas y fijar la clase y magnitud de éstas, de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que realice sobre los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos causan a la sociedad.

Convencida de la importancia de fortalecer este sistema penal juvenil, para proteger a nuestros menores, presento el siguiente Proyecto de Ley.

 

 MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIERLLA

Senadora de la República

Partido Centro Democrático 

 

Proyecto de Ley 034 de 2018

“Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006 ) y se dictan otras disposiciones” 

 EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA

 Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) consagrado en la Ley 1098 de 2006.

 Artículo 2º. La edad mínima de responsabilidad penal es de doce (12) años.

 Artículo 3º. Modifíquese el artículo 139 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

 Artículo 139. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre doce (12) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.

 Artículo 4º. Modifíquese el artículo 142 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 142. Exclusión de la responsabilidad penal para adolescente. Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de doce (12) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de doce (12) años deberá ser entregada inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible.

Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de doce (12) y menores de dieciocho (18) años con discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad.

 Artículo 5º. Modifíquese el artículo 143 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

 Artículo 143. Niños y niñas menores de doce (12) años. Cuando una persona menor de doce (12) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa.

Si un niño o niña o un adolescente menor de doce (12) años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, esta lo pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que esta proceda en la misma forma.

Parágrafo 1o. Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño o niña o un adolescente menor de doce (12) años en la comisión de un delito, se remitirá copia de lo pertinente a las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos.

Parágrafo 2o. El ICBF establecerá los lineamientos técnicos para los programas especiales de protección y restablecimiento de derechos, destinados a la atención de los niños, niñas o adolescentes menores de doce (12) años que han cometido delitos.

 Artículo 6º. Modifíquese el parágrafo del artículo 148 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

 Artículo 148. Carácter especializado. La aplicación de esta ley tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia.

Parágrafo. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 12 años y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 12 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, el ICBF diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia los principios de política pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución Política y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia.

 Artículo 7º. Modifíquese el artículo 159 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 159. Prohibición de antecedentes. Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes que tengan entre 12 y 16 años de edad al momento de cometer la conducta no tendrán el carácter de antecedente judicial. Estos registros son reservados, pero deberán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida.

Las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos, con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes.

Artículo 8º. Modifíquese el artículo 161 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 161. Excepcionalidad de la privación de libertad. Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido doce (12) y sean menores de dieciocho (18) años. La privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica.

Artículo 9º. Agréguese un parágrafo al artículo 162 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 162. Separación de los adolescentes privados de la libertad. La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre separados de los adultos.

En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles, libertad provisional o la detención domiciliaria.

Parágrafo: Se exceptúan de lo anterior los casos en que por incumplimiento por parte del adolescente entre los 16 y 18 años de edad de cualquiera de las sanciones previstas en el Código o del compromiso de no volver a infringir la ley penal, el juez determine su privación de la libertad en establecimiento carcelario o penitenciario, tal como lo dispone el parágrafo 2º del artículo 179 de la presente ley.

Artículo 10º. Modifíquese el artículo 165 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 165. Competencia de los Jueces Penales para Adolescentes. Los jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas menores de dieciocho (18) años y mayores de doce (12) años acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento.

Artículo 11º. Modifíquese el artículo 169 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 169. De la responsabilidad penal. Las conductas punibles realizadas por personas mayores de doce (12) años y que no hayan cumplido los dieciocho  (18) años de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la presente ley.

Artículo 12º. Agréguese un parágrafo al artículo 174 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 174. Del principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños.  Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con la víctima.

Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos para la vida y la integridad física del adolescente, el juez competente deberá ordenar otras medidas de protección, las cuales incluirán, entre otras, ayudas económicas para el cambio de residencia de la familia. El Gobierno gestionará la apropiación de las partidas necesarias para cubrir a este rubro.

Parágrafo: No habrá principio de oportunidad cuando se trate de los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual.

Artículo 13º. Modifíquese el parágrafo 2º del artículo 179 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 179. Criterios para la definición de las sanciones. Para definir las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta: 

  1. La naturaleza y gravedad de los hechos.
  2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad.
  3. La edad del adolescente.
  4. La aceptación de cargos por el adolescente.
  5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.
  6. El incumplimiento de las sanciones.

Parágrafo 1o. Al computar la privación de la libertad en centro de atención especializada, la autoridad judicial deberá descontar el período de internamiento preventivo al que haya sido sometido el adolescente.

Parágrafo 2o. Los adolescentes entre 12 y 16 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código, terminarán el tiempo de sanción en internamiento.

El incumplimiento por parte del adolescente entre 12 y 16 años  del compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionará la imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez.

Los adolescentes entre 16 y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código terminarán el tiempo de sanción en establecimiento carcelario o penitenciario. Durante el tiempo de reclusión se les deberá garantizar el acceso a educación.

El incumplimiento por parte del adolescente entre 16 y 18 años  del compromiso de no volver a infringir la ley penal ocasionará su privación de la libertad en establecimiento carcelario o penitenciario, durante el tiempo que fije la ley penal vigente de sanción para el correspondiente delito. Durante el tiempo de reclusión se les deberá garantizar el acceso a educación.

Artículo 14º. Modifíquese el artículo 187 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 187. La privación de la libertad.  La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión.

En estos casos la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde un (1) año hasta cinco (5) años, salvo lo dispuesto en los incisos siguientes.

La privación de libertad en Centro de Atención Especializada se aplicará a los adolescentes mayores de doce (12) y menores de dieciocho (18) años, que sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual.

En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde dos (2) hasta ocho años (8), con el cumplimiento total del tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para redimir penas.

En los casos en que el adolescente haya sido víctima del delito de constreñimiento de menores de edad para la comisión de delitos o reclutamiento ilícito no se aplicará privación de la libertad.

Parte de la sanción de privación de libertad podrá ser sustituida por cualquiera de las otras sanciones previstas en el artículo 177 de este Código por el tiempo que fije el juez, excepto si se trata de los delitos mencionados en el inciso tercero de este artículo. El incumplimiento de la sanción sustitutiva podrá acarrear la aplicación de la privación de la libertad impuesta inicialmente o la aplicación de otra medida. En ningún caso, la nueva sanción podrá ser mayor al tiempo de la sanción de privación de libertad inicialmente previsto.

Parágrafo. Si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente cumpliere los dieciocho años de edad continuará cumpliéndola hasta su terminación en el Centro de Atención Especializada de acuerdo con las finalidades protectora, educativa y restaurativa establecidas en la presente ley para las sanciones.

Los Centros de Atención Especializada prestarán una atención pedagógica, específica y diferenciada entre los adolescentes menores de dieciocho años de edad y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del Centro, así como las demás garantías contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial, la Convención sobre los Derechos del Niño.

Parágrafo 2º. Los Centros de Atención Especializada funcionarán bajo el asesoramiento del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en lo relativo a las medidas de seguridad y administración, de conformidad con la función protectora, restaurativa y educativa de la medida de privación de la libertad.

Artículo 15º. La persona con edad entre los doce (12) y dieciocho (18) años que reincida por segunda vez en una conducta delictiva será juzgada por la justicia penal ordinaria.

Artículo 16º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas aquellas que le sean contrarias.

 

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIERLLA

Senadora de la República

Partido Centro Democrático

 

ANEXO 1. CAMBIOS PROPUESTOS AL CÓDIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (L.1098 de 2006): 

Ley 1098 de 2006 Proyecto de ley
 

Artículo 139. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

 

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.

 

Artículo 139. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

 

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre doce (12) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.

 

 

Artículo 142. Exclusión de la responsabilidad penal para adolescente.

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de catorce (14) años deberá ser entregada inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible.

 

Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años con discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad.

 

Artículo 142. Exclusión de la responsabilidad penal para adolescente.

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de doce (12) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de doce (12) años deberá ser entregada inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible.

 

Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de doce (12) y menores de dieciocho (18) años con discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad.

 

 

Artículo 143. Niños y niñas menores de catorce (14) años.

 

Cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa.

 

Si un niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, esta lo pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que esta proceda en la misma forma.

 

Parágrafo 1o. Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) años en la comisión de un delito, se remitirá copia de lo pertinente a las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos.

 

Parágrafo 2o. El ICBF establecerá los lineamientos técnicos para los programas especiales de protección y restablecimiento de derechos, destinados a la atención de los niños, niñas o adolescentes menores de catorce (14) años que han cometido delitos.

 

Artículo 143. Niños y niñas menores de doce (12) años.

 

Cuando una persona menor de doce (12) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa.

 

Si un niño o niña o un adolescente menor de doce (12) años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, esta lo pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que esta proceda en la misma forma.

 

Parágrafo 1o. Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño o niña o un adolescente menor de doce (12) años en la comisión de un delito, se remitirá copia de lo pertinente a las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos.

 

 

Parágrafo 2o. El ICBF establecerá los lineamientos técnicos para los programas especiales de protección y restablecimiento de derechos, destinados a la atención de los niños, niñas o adolescentes menores de doce (12) años que han cometido delitos.

 

 

Artículo 148. Carácter especializado.

 

La aplicación de esta ley tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia.

 

Parágrafo. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, el ICBF diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia los principios de política pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución Política y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia.

 

Artículo 148. Carácter especializado.

 

La aplicación de esta ley tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia.

 

Parágrafo. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 12 años y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 12 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, el ICBF diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia los principios de política pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución Política y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia.

 

 

Artículo 159. Prohibición de antecedentes.

 

Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial. Estos registros son reservados y podrán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida.

 

 

 

Las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos, con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes.

 

Artículo 159. Prohibición de antecedentes.

 

Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes que tengan entre 12 y 16 años de edad al momento de cometer la conducta no tendrán el carácter de antecedente judicial. Estos registros son reservados, pero deberán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida.

 

Las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos, con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes.

 

 

Artículo 161. Excepcionalidad de la privación de libertad.

 

Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) años. La privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica.

 

Artículo 161. Excepcionalidad de la privación de libertad.

 

Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido doce (12) y sean menores de dieciocho (18) años. La privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica.

 

 

Artículo 162. Separación de los adolescentes privados de la libertad.

 

La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre separados de los adultos.

 

En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles, libertad provisional o la detención domiciliaria.

 

Artículo 162. Separación de los adolescentes privados de la libertad.

 

La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre separados de los adultos.

 

En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles, libertad provisional o la detención domiciliaria.

 

Parágrafo: Se exceptúan de lo anterior los casos en que por incumplimiento por parte del adolescente entre los 16 y 18 años de edad de cualquiera de las sanciones previstas en el Código o del compromiso de no volver a infringir la ley penal, el juez determine su privación de la libertad en establecimiento carcelario o penitenciario, tal como lo dispone el parágrafo 2º del artículo 179 de la presente ley.

 

 

 

Artículo 165. Competencia de los Jueces Penales para Adolescentes.

 

Los jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14) años acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento.

 

Artículo 165. Competencia de los Jueces Penales para Adolescentes.

 

Los jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas menores de dieciocho (18) años y mayores de doce (12) años acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento.

 

 

Artículo 169. De la responsabilidad penal.

 

Las conductas punibles realizadas por personas mayores de catorce (14) años y que no hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la presente ley.

 

Artículo 169. De la responsabilidad penal.

 

Las conductas punibles realizadas por personas mayores de doce (12) años y que no hayan cumplido los dieciocho  (18) años de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la presente ley.

 

Artículo 174. Del principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños.

 

Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con la víctima.

Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos para la vida y la integridad física del adolescente, el juez competente deberá ordenar otras medidas de protección, las cuales incluirán, entre otras, ayudas económicas para el cambio de residencia de la familia. El Gobierno gestionará la apropiación de las partidas necesarias para cubrir a este rubro.

 

Artículo 174. Del principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños.

Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con la víctima.

Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos para la vida y la integridad física del adolescente, el juez competente deberá ordenar otras medidas de protección, las cuales incluirán, entre otras, ayudas económicas para el cambio de residencia de la familia. El Gobierno gestionará la apropiación de las partidas necesarias para cubrir a este rubro.

 

Parágrafo: No habrá principio de oportunidad cuando se trate de los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual.

 

 

Artículo 179. Criterios para la definición de las sanciones.

 

Para definir las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta:

 

1. La naturaleza y gravedad de los hechos.

2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad.

3. La edad del adolescente.

4. La aceptación de cargos por el adolescente.

5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.

6. El incumplimiento de las sanciones.

 

Parágrafo 1o. Al computar la privación de la libertad en centro de atención especializada, la autoridad judicial deberá descontar el período de internamiento preventivo al que haya sido sometido el adolescente.

 

Parágrafo 2o. Los adolescentes entre 14 y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código, terminarán el tiempo de sanción en internamiento.

 

El incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionará la imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez.

 

 

Artículo 179. Criterios para la definición de las sanciones.

 

Para definir las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta:

 

1. La naturaleza y gravedad de los hechos.

2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad.

3. La edad del adolescente.

4. La aceptación de cargos por el adolescente.

5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.

6. El incumplimiento de las sanciones.

 

Parágrafo 1o. Al computar la privación de la libertad en centro de atención especializada, la autoridad judicial deberá descontar el período de internamiento preventivo al que haya sido sometido el adolescente.

 

Parágrafo 2o. Los adolescentes entre 12 y 16 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código, terminarán el tiempo de sanción en internamiento.

 

El incumplimiento por parte del adolescente entre 12 y 16 años  del compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionará la imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez.

 

Los adolescentes entre 16 y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código, terminarán el tiempo de sanción en establecimiento carcelario o penitenciario. Durante el tiempo de reclusión se les deberá garantizar el acceso a educación.

 

El incumplimiento por parte del adolescente entre 16 y 18 años  del compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionará su privación de la libertad en establecimiento carcelario o penitenciario, durante el tiempo que fije la ley penal vigente de sanción para el correspondiente delito. Durante el tiempo de reclusión se les deberá garantizar el acceso a educación.

 

 

Artículo 187. La privación de la libertad.

La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión.

En estos casos la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde un (1) año hasta cinco (5) años, salvo lo dispuesto en los incisos siguientes.

 

 

La privación de libertad en Centro de Atención Especializada se aplicará a los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años, que sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual.

 

En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde dos (2) hasta ocho años (8), con el cumplimiento total del tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para redimir penas.

 

En los casos en que el adolescente haya sido víctima del delito de constreñimiento de menores de edad para la comisión de delitos o reclutamiento ilícito no se aplicará privación de la libertad.

 

Parte de la sanción de privación de libertad podrá ser sustituida por cualquiera de las otras sanciones previstas en el artículo 177 de este Código por el tiempo que fije el juez. El incumplimiento de la sanción sustitutiva podrá acarrear la aplicación de la privación de la libertad impuesta inicialmente o la aplicación de otra medida. En ningún caso, la nueva sanción podrá ser mayor al tiempo de la sanción de privación de libertad inicialmente previsto.

 

Parágrafo. Si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente cumpliere los dieciocho años de edad continuará cumpliéndola hasta su terminación en el Centro de Atención Especializada de acuerdo con las finalidades protectora, educativa y restaurativa establecidas en la presente ley para las sanciones.

Los Centros de Atención Especializada prestarán una atención pedagógica, específica y diferenciada entre los adolescentes menores de dieciocho años de edad y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del Centro, así como las demás garantías contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial, la Convención sobre los Derechos del Niño.

Parágrafo 2º. Los Centros de Atención Especializada funcionarán bajo el asesoramiento del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en lo relativo a las medidas de seguridad y administración, de conformidad con la función protectora, restaurativa y educativa de la medida de privación de la libertad.

 

 

Artículo 187. La privación de la libertad.

La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho años (18) que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión.

En estos casos la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde un (1) año hasta cinco (5) años, salvo lo dispuesto en los incisos siguientes.

La privación de libertad en Centro de Atención Especializada se aplicará a los adolescentes mayores de doce (12) y menores de dieciocho (18) años, que sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual.

En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración desde dos (2) hasta ocho años (8), con el cumplimiento total del tiempo de sanción impuesta por el juez, sin lugar a beneficios para redimir penas.

En los casos en que el adolescente haya sido víctima del delito de constreñimiento de menores de edad para la comisión de delitos o reclutamiento ilícito no se aplicará privación de la libertad.

Parte de la sanción de privación de libertad podrá ser sustituida por cualquiera de las otras sanciones previstas en el artículo 177 de este Código por el tiempo que fije el juez, excepto si se trata de los delitos mencionados en el inciso tercero de este artículo. El incumplimiento de la sanción sustitutiva podrá acarrear la aplicación de la privación de la libertad impuesta inicialmente o la aplicación de otra medida. En ningún caso, la nueva sanción podrá ser mayor al tiempo de la sanción de privación de libertad inicialmente previsto.

Parágrafo. Si estando vigente la sanción de privación de libertad el adolescente cumpliere los dieciocho años de edad continuará cumpliéndola hasta su terminación en el Centro de Atención Especializada de acuerdo con las finalidades protectora, educativa y restaurativa establecidas en la presente ley para las sanciones.

Los Centros de Atención Especializada prestarán una atención pedagógica, específica y diferenciada entre los adolescentes menores de dieciocho años de edad y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del Centro, así como las demás garantías contenidas en la Constitución Política y en los Tratados o Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial, la Convención sobre los Derechos del Niño.

Parágrafo 2º. Los Centros de Atención Especializada funcionarán bajo el asesoramiento del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en lo relativo a las medidas de seguridad y administración, de conformidad con la función protectora, restaurativa y educativa de la medida de privación de la libertad.

 

[1] ICBF. (2018). Tablero SRPA – Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Recuperado de Instituto Colombiano del Bienesta Familiar: https://www.icbf.gov.co/bienestar/observatorio-bienestar-ninez/tablero-srpa

[2] Observatorio del Bienestar de la niñez. (2017). Adolescentes en conflicto con la ley penal: Primer semestre de 2017. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

[3] Ibíd.

[4] ICBF. (2018). Tablero SRPA – Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Recuperado el 07 de 2018, de Instituto Colombiano del Bienesta Familiar: https://www.icbf.gov.co/bienestar/observatorio-bienestar-ninez/tablero-srpa

[5] García, J. & Alvarado, J. (2013). La disminución de la edad de imputabilidad penal: ¿Solución efectiva frente a la delincuencia juvenil?. Derecho y cambio social, 1-19

[6] Ibíd.

[7] Jímenez, D. (2009). Responsabilidad penal juvenil en Colombia: de la ideología tutelar a la protección integral. Dialogos de Derecho y Política (1), 1-18.

[8] Cuello, J. (2010). Reflexiones sobre la capacidad de culpabilidad del menor y su tratamiento educativo. Ciencia  Penal y Criminología.

[9] Piaget, J. (1991). Seis estudios de psicología. Labor: Barcelona.

[10] Romero, A. (2011). La capacidad de culpabilidad del menor. Universidad de Sevilla: Sevilla.

[11] Ibíd.

[12] UNICEF (2018). Edades mínimas legales para la realización de los derechos de los y las adolescentes. Recuperado el 07 de 2018 de UNICEF: https://www.unicef.org/lac/informes/edades-minimas-legales

[13] Child Rigths International Network (2018). Minimum ages of criminal responsability. Recuperado el 07 de 2018 de: https://www.crin.org/en/home/ages/europe

[14] Sentencia C-646 de 2001 M.P: Manuel José Cepeda

[15] Sentencia C-387 de 2014. M.P: Jorge Iván Palacio.