[CONSTANCIA]
Martes, 28 de octubre de 2014
H. S. María del Rosario Guerra

Es triste ver que la relación histórica y la profundización del intercambio económico con la República de Panamá se haya visto amenazada por la expedición del ofensivo decreto 1966 de 2014 que consideraba a la hermana República un país con “legislación laxa en materia de controles y poco o nada transparente en relación con la información que se suministra a terceros Estados”.

Si bien la semana pasada se anunció un acuerdo en el cual Colombia retiraba de la lista de paraísos fiscales a Panamá, y se firmó un memorando de entendimiento para intercambio de información tributaria, el cual constituye el punto de arranque para la negociación de un tratado de doble tributación, es importante recordar este paso en falso del Gobierno, y recalcar la trascendencia de no improvisar en este tipo de hechos que pudieron afectar ambas economías.

Cuando se indagaron los fundamentos de la decisión, el Gobierno afirmó que la institucionalidad panameña puede estar permitiendo la pérdida de recaudo de impuestos de aproximadamente un billón de pesos. Sin embargo, al hacer estas afirmaciones, el Gobierno desconoció que si bien la legislación de Panamá es muy celosa en cuanto al tema de “reserva bancaria”, nuestro vecino país ha venido adoptando desde hace muchos años serias medidas para evitar el uso inadecuado de su sistema financiero; tanto que Panamá ha sido pionero en la creación de las Unidades de Análisis Financiero.
En consecuencia, si se trata de una inquietud por la evasión, es claro que la estrategia de penalización de la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes propuesta por el Gobierno en el recientemente radicado proyecto de ley de reforma del Estatuto Tributario, permite que a través de los tratados de intercambio de información para casos penales, se pueda solventar la supuesta falencia de la institucionalidad de nuestro país hermano en materia tributaria.

Por lo anterior, invito al Gobierno Nacional a medir las consecuencias de decisiones improvisadas como el Decreto 1966 de 2014.