[CONSTANCIA]
Marzo 18 de 2015
H.S. María del Rosario Guerra

Desde la publicación inicial de las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” a finales de 2014, hemos estudiado en profundidad los planteamientos de este documento cuya función consiste en proveer los lineamientos estratégicos de política pública del programa de gobierno del Presidente de la República para el presente cuatrienio.

En el contexto de los tres pilares del plan: paz, equidad y educación, el Gobierno nacional ha propuesto desplegar cinco estrategias transversales: i) competitividad e infraestructura estratégicas, ii) movilidad social, iii) transformación del campo, iv) seguridad, justicia y democracia para la paz, y v) buen gobierno, junto con una estrategia envolvente de crecimiento verde.

Bases del plan sin una visión articulada e incluyente del país
En las 799 páginas de las bases del plan, a pesar de aspectos positivos que hemos resaltado en diferentes escenarios de discusión, tales como: i) enfoque territorial, ii) priorización del cierre de brechas interdepartamentales y urbano-rurales, y iii) alineación de algunas iniciativas con propuestas programáticas de nuestro candidato presidencial del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, tales como la jornada única escolar; dichas bases tienen más título que metas y más bombo que sustancia.

En efecto, ratificamos que los lineamientos generales del plan no responden a una visión de país articulada e incluyente, así como tampoco recogen muchas de las propuestas a las cuales el hoy Presidente de la República se comprometió en la pasada campaña electoral.

Así mismo, las bases del plan despliegan una retórica de exaltación de los avances del gobierno en su primer cuatrienio, cuando en realidad esperábamos una visión clara de cómo va a abordar los desafíos de mediano plazo del país. A pesar de querer mostrar todos sus planteamientos con tintes de “innovación” y “gran impacto”, en sus diagnósticos poco o nada se discute sobre el efecto que tuvo para el país, pensar durante cuatro años en cinco locomotoras que nunca arrancaron, evidentemente, por la precaria capacidad de ejecución y de coordinación interinstitucional del Gobierno nacional.

Por otra parte, cuando en una visión de desarrollo del país se insiste en paz, equidad y educación, lo primero que se viene a la cabeza es un modelo donde, además del protagonismo del ciudadano como fin último de las políticas de gobierno, y de la erradicación de la pobreza extrema que nos acecha; se consolide una visión para la clase media colombiana tanto de hogares como de empresas. Efectivamente, y como lo hemos venido mencionando en ejercicio del control político, el motor de desarrollo de América Latina, reconocido en destacadas referencias internacionales (Banco Mundial, la UNCTAD, la OECD y la CEPAL), se centra en la dinamización y empoderamiento de su clase media.

Lamentablemente, a pesar de la relevancia de este segmento socioeconómico para estimular el consumo privado, así como el desarrollo agropecuario e industrial a través del fortalecimiento de su base productiva de micro, pequeñas y medianas empresas; las bases del plan se limitan a plantear un objetivo “etéreo” sin establecer acciones estratégicas focalizadas para este grupo social. En este olvido del ciudadano o empresario de clase media, el Gobierno nacional ignora de paso la urgencia de definir estrategias de impacto para algunos de sus representantes claves, entre otros, los colombianos en el exterior, los caficultores, y en general, la base de la pirámide empresarial del país.

Plan apalancado en el sector privado y desfinanciado por el gobierno central
Resulta contradictorio que en un entorno en el cual se ha menguado la confianza inversionista y más específicamente, se han incrementado las tasas de tributación del sector productivo, se pase de una participación en el plan plurianual de inversiones del sector privado, de un 22.3% en el período 2003-2010 a un 37.1% en el período 2011-2018.

Por su parte el Gobierno nacional central destinará en promedio $64.7 billones anuales (pesos de 2014) para inversión, cuando en el presupuesto general de la nación del presente año, apenas destinó $49.4 billones. ¿Será que anticipadamente el Gobierno nacional está enviando un mensaje a sus contribuyentes, según el cual, la reforma tributaria estructural que se presentará en 2016 va a recaudar más del 15% de los $123.5 billones que viene de anunciar la DIAN como meta para 2015?

Cualquiera que sea la respuesta, está claro que el plan de inversiones no deja de ser más de lo mismo que ha caracterizado al actual gobierno: promesas y frustraciones. Además, es evidente que los supuestos macroeconómicos muy optimistas distan de las nuevas realidades preocupantes que se prevén para la economía colombiana.

En este contexto de inconsistencias, aceptando que las asignaciones presupuestales reflejan las prioridades de un gobierno, denunciamos la falta de coherencia del plan de desarrollo en términos de los grandes desafíos que trae consigo el eje estratégico de transformación del campo. De hecho, el plan de inversiones del plan establece que el gobierno central destinará apenas el 4% de los $258.7 billones del cuatrienio a la dinamización del sector agrícola. Más grave aún, observamos que el 72% de las inversiones para la transformación del campo provendrán de fuentes privadas. ¿Acaso son estas cifras coherentes con las realidades y necesidades del país? Creemos que las cifras hablan por sí solas.

Articulado deshilvanado, despojador y reduccionista
De esta retórica de diagnósticos elaborados y visiones reduccionistas, junto con un plan plurianual de inversiones que es inconsistente con las prioridades del país, se pasa a un proyecto de ley deshilvanado, centralizador y que despoja de su trabajo al Congreso de la República, para buscar corregir los desaciertos y demoras del Gobierno nacional durante el primer cuatrienio en materia legislativa. Este escenario es muy desafortunado ya que el país esperaba con el articulado de la ley del plan, la instrumentalización de una hoja de ruta para un crecimiento sostenible en términos de eficiencia y equidad.

Prueba de ello es que mientras en la Ley 812 de 2003 (plan de desarrollo 2002-2006) se planteaban ajustes concretos sobre seis leyes de la república, para el presente proyecto de ley, el Gobierno somete a consideración la modificación de al menos cuarenta y tres leyes distintas (muchas de ellas expedidas en su primer cuatrienio) para lo cual destina más del 30% del articulado del proyecto de ley.

Vale la pena destacar que en este contexto, muchos de los artículos no tienen unidad de materia con las bases del plan, en los términos de doctrina constitucional derivada de las sentencias C-795 de 2004 y C-313 de 2012, tales como: i) artículo 14 sobre el fondo cuenta para atender pasivos pensionales en el sector hotelero; ii) artículo 29 sobre la determinación de tarifas y tasas por servicios que presten los organismos de apoyo, iii) artículo 35 sobre la contribución especial de vigilancia para la Superintendencia de Puertos y Transporte.

De forma similar se encuentran bloques del articulado del proyecto de ley que corresponden a micro-reformas sectoriales en temas de: i) minería (artículos 18 a 28); ii) telecomunicaciones y televisión (artículos 40 a 44); iii) educación (artículo 54); iv) salud y seguridad social (artículos 61 a 63 y 129 a 131); v) contratación estatal a través de alianzas público-privadas; y más grave aún, vi) aspectos rentísticos y tributarios del ámbito departamental (artículos 92 a 94 y 191 a 195) que evidentemente requieren del trámite legislativo propio de iniciativas sectoriales. En este sentido, nos preocupa que el Gobierno nacional busca, con este esquema de micro-reformas, evitar que temas sensibles para la sociedad colombiana se lleven a discusión del Congreso mediante proyectos de ley tramitados por sus respectivas comisiones.

En esta perspectiva, resaltamos con vehemencia el pronunciamiento de la Corte Constitucional según el cual: “… el principio de unidad de materia es más riguroso en la ley del plan y que por ende el control constitucional de un cargo por violación de este principio en esta ley es más estricto que el contemplado para las demás leyes, por cuanto la ley del plan no puede ser utilizada sino para sus propósitos constitucionales específicos, y no para llenar los vacíos e inconsistencias que presenten leyes anteriores.”

Por todo lo anterior, la bancada del Centro Democrático no acompaña el informe de ponencia de primer debate, pero esto no impide que en el ejercicio de nuestra responsabilidad política y legislativa, apoyemos artículos que individualmente resulten beneficiosos para nuestros compatriotas.

Con esta posición también dejamos claro que nuestra visión de “un nuevo país” dista enormemente de aquélla que ha querido presentar el Presidente de la República al Congreso mediante el plan de desarrollo que discutimos el día de hoy.