¿Cuál es el mensaje de este Gobierno sobre el respeto a los derechos de la dignidad y la vida misma de las mujeres y de los no nacidos?

Además de indignante resulta paradójico que desde el Gobierno Nacional y los sectores afines se celebre con bombo y platillos el enfoque de género en los acuerdos de La Habana, y al mismo tiempo la Fiscalía General de la Nación afirme que cuenta con documentos que demuestran cómo los abortos forzados y la violencia sexual ha sido una política al interior de la organización terrorista de las FARC.

El enfoque de género en las negociaciones ha sido precario si se tiene en cuenta que el ciclo de conversaciones empezó en octubre de 2012, y la subcomisión de género se instaló casi dos años después en septiembre de 2014.

Es más, la subcomisión no ha tenido como miembros permanentes a mujeres víctimas de los delitos atroces de las FARC y lo planteado sobre género en el comunicado conjunto 82 se reduce a crear condiciones para que mujeres y personas con identidad sexual diversa “puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado”, es decir a crear condiciones a futuro.

Pero ¿Dónde está el castigo y la condena social por violar más de 250 mujeres (cifras documentadas por la Fiscalía)? ¿Dónde están las imputaciones por más de 1.8OO abortos forzados? ¿Cuál es el mensaje de este Gobierno sobre el respeto a los derechos de la dignidad y la vida misma de las mujeres y de los no nacidos? ¿Qué es lo que celebra el Comunicado? Una vez más, este gobierno y las FARC se burlan de la Constitución al ignorar la especial protección establecida para las mujeres, y envían un mensaje de impunidad a delitos atroces.

Un enfoque de género coherente con las atrocidades cometidas por las FARC debería resarcir a las más de 5.000 mujeres militantes y a todas aquellas que han sido violadas y obligadas a abortar.

Mejor aún, un enfoque coherente de género debería condenar esos actos cometido en niñas y adolescentes reclutadas de manera ilegal.

Me preocupa que el informe, al que se refirió el Fiscal (E) en medios de comunicación, tenga reserva porque hace parte de una investigación judicial en curso y vayan a ser usados judicialmente sólo en aquellos casos de ausencia de reconocimiento de verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz. Estos informes deberían ser públicos y deben derivar en la orden de captura de la Fiscalía a los responsables.

Hago un llamado a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Justicia y a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, para que se pronuncien sobre el tema y actúen a tiempo para prevenir a tiempo la impunidad de los crímenes de naturaleza sexual cometidos contra las mujeres y contra los no nacidos por este grupo terrorista.

Finalmente, solicito a la Secretaria General de Senado, remitir esta constancia a la Procuraduría General de la Nación, ONU Mujeres, Fiscalía General y Ministerio de Justicia.