Viviendas gubernamentales:
Solución o silencioso camino al gueto

Por: María del Rosario Guerra
Senadora [Partido Centro Democrático]

Hace un par de semanas lideré en la Comisión de Ordenamiento Territorial, un debate sobre los modelos arquitectónicos, sociales y ambientales en los proyectos de vivienda gubernamental. Basada en las visitas hechas y en las quejas de los beneficiarios de estas soluciones de vivienda, el debate pretendió llamar la atención sobre lo que se está haciendo en el país al respecto y sus implicaciones a futuro.

Se están entregando casas y apartamentos, eso es cierto. Y es muy importante que los colombianos más vulnerables accedan a vivienda propia. Pero, en qué condiciones, en qué entorno, con qué proyección, y con qué tipo de acompañamiento la reciben, es la preocupación.

Lo que en principio parece un sueño hecho realidad, se convierte en una pesadilla: los pequeños no pueden estudiar, no hay dónde cerca. Tampoco pueden salir a jugar o divertirse con sus vecinos a no ser que sea entre los pasillos o en la misma calle. Los adultos no tienen acceso a fuentes de trabajo cerca y cuando lo consiguen, deben superar trayectos de horas en bus, pues generalmente los conjuntos residenciales están en las goteras de las ciudades. Los jóvenes y ancianos sin posibilidades de acceso a centros de salud y hospitales, ni lugares de sano esparcimiento. Ni qué decir de las personas en situación de discapacidad, cuyos accesos al conjunto son los mismos que los de los automóviles.

“Cuatro paredes y un techo” no puede ser el común denominador de estos proyectos. La función del Estado no debe ser entregar como desesperados “soluciones habitacionales” ubicadas en la cola del mundo y abandonar a las comunidades a su suerte sin hospitales, escuelas, jardines, parques y casi sin rutas de transporte. Ese no es el modelo que queremos.

Sí es posible mejorar lo que se ha hecho hasta ahora para que los beneficiarios vivan dignamente. Se ofrecieron primero 100.000 viviendas gratis y sólo se han entregado cerca de 60.000. Y hay promesas de entregar otras 300.000 en estos cuatro años. Qué bueno sería asegurar que todas ellas cuenten con la arquitectura adecuada para la zona, el clima y el entorno que faciliten la vida sana en comunidad.

Como lo plantea ONU-Habitat y lo prevé la normatividad, hay que exigir proyectos que contemplen opciones laborales, accesos educativos, entornos culturales, y condiciones ambientales, entre otros. En una palabra, que la respuesta a las necesidades de la comunidad no sea el frío concreto, si no la “dignidad”.

Como ciudadana, pero también como senadora no puedo sustraerme a esta realidad habitacional y mal haría en callar máxime cuando el ejemplo lo tenemos a la vuelta de la esquina, en Chile que, con una ventaja de más de 20 años, reporta las deficiencias de este tipo de proyectos y sus implicaciones sociales: más del 60% de los beneficiarios de estos proyectos en ese país quieren salirse. De otro lado, en Brasil, donde el gobierno ha procurado una respuesta integral para satisfacer las expectativas de vivienda, la aceptación de la ciudadanía es alta.

De continuar con programas sin condiciones básicas para el crecimiento integral de las comunidades beneficiadas, el gobierno Santos remolcará al país por el camino del gueto al que se confinan los llamados marginados que no son otra cosa que ciudadanos a los que el gobierno no ha oído, o no ha querido oír.

Aún estamos a tiempo.