Senadora María del Rosario Guerra radicó proyectos de ley para fortalecer mecanismos contra la corrupción y fomentar los cuidados paliativos en el sistema educativo

 

  • La iniciativa legislativa 119 de 2018, realizada en coautoría con el expresidente Álvaro Uribe, contempla la sanción social a los corruptos con un “muro de la vergüenza” y la eliminación de beneficios judiciales como la casa por cárcel.

 

Bogotá, 29 de agosto de 2018. Consolidar la educación en cuidados paliativos en Colombia y fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción, son los objetivos de dos nuevos proyectos de ley radicados por la senadora María del Rosario Guerra en la mañana de hoy.

Con el primero de ellos la congresista del Centro Democrático busca la integración de núcleos básicos del tratamiento integral al dolor en los programas educativos de medicina, psicología, enfermería y fisioterapia, con el fin de garantizar que a los pacientes del sistema de salud se les garanticen cuidados paliativos que cubran sus necesidades físicas y emocionales en casos de dolor intenso o enfermedades terminales o crónicas.

De acuerdo con el principio de autonomía universitaria, el proyecto contempla que cada institución de educación superior incluirá la materia en concordancia con sus programas académicos y su modelo educativo. Igualmente garantiza que las entidades promotoras de salud ofrezcan capacitación continuada a su personal frente al tema.

La Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) brindó su respaldo a esta iniciativa legislativa.

Lucha frontal contra la corrupción

En coautoría con el senador y expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, la senadora Guerra de La Espriella radicó también el Proyecto 119 de 2018, que en concordancia a las iniciativas del Gobierno Nacional fortalece la lucha contra el flagelo de la corrupción y hace más eficientes los mecanismos de prevención, investigación, sanción y control de gestión pública en el país.

La iniciativa incluye la creación de un registro de agenda pública en el que las entidades del Estado informen sobre reuniones de interés público que realice todo servidor de niveles directivo, asesor o profesional. En dicho mecanismo, los miembros de corporaciones de elección popular deberán registrar gestiones directas o indirectas realizadas ante los gobiernos nacional, departamentales o municipales en materia de asignación de proyectos de inversión.

La iniciativa legislativa traza lineamientos para pagos de compromisos del estado, crea beneficios económicos a quienes denuncien delitos contra la administración pública, optimiza la normativa en materia de prohibiciones e inhabilidades de los servidores públicos, elimina beneficios penales a los corruptos y promueve la sanción social a través de inhabilidades para ejercer la docencia y la exposición de sus rostros y crímenes en espacios públicos denominados “Muros de la corrupción”.